La trata de personas con fines de explotación es un problema mundial y uno de los delitos y formas de violencia más graves que existen, esto debido a que priva de su dignidad y libertad a millones de personas en todo el mundo, siendo las victimas mayoritarias mujeres y niñas. Según el Ministerio del Interior, en el año 2021 se han registrado 327 denuncias por trata con fines de explotación sexual y en el año 2022, se han registrado 331 casos, lo que evidencia un incremento de denuncias. Asimismo, las Fiscalias especializadas en delitos de trata de personas (FISTRAP), de enero a abril 2023 ha registrado 688 casos de trata de personas, de los cuales 68 corresponden al delito de trata con fines de explotación sexual.
De otro lado, los CEM a nivel nacional de enero a julio 2023 registran 72 casos de trata con fines de explotación sexual, donde el 97,8% de las víctimas son niñas y adolescentes. Respecto a las regiones con mayores números de casos de trata con fines de explotación sexual: Lima Metropolitana (36,1%), Piura (20.8%), Tacna (11.1%) y Huánuco (4.2%).
María Pía Molero, coordinadora de proyectos Perú en ONU Mujeres señala que la captación de víctimas de trata con fines sexuales se presenta usualmente de alguna forma de engaño para lo cual se recurre a la seducción a las falsas ofertas de trabajo o de estudio como un medio para que las víctimas se aparten de sus hogares y posteriormente sean explotadas, además indica, que las principales finalidades de explotación son la sexual y laboral en todas las regiones del Perú. La experta indica que el que la mayoría de víctimas de trata sean mujeres está estrechamente relacionado a los patrones socioculturales y estereotipos de género que mantienen a las mujeres durante largo procesos históricos en situaciones de brecha y desigualdades de género, esto indica repercute en la vida y desarrollo integral de todas las mujeres en sus diferentes ciclos de vida.
Señala también que si bien todavía hay mucho por trabajar también hay avances, pues el Poder Judicial reconoce que el enfoque de género es una herramienta conceptual y metodológica que permite reconocer las relaciones asimétricas de poder basadas en fundamentos culturales que colocan en situaciones jerárquicas diferenciadas a los varones frente a las mujeres y admite que estas relaciones tienen una base social histórica por lo que se superponen a otras variables como la raza, la etnia, clase u orientación sexual. En esa misma línea, enfatiza que el Tribunal Constitucional manifiesta que el uso de este enfoque en la administración de justicia debe estar presente en el razonamiento que sustentan las decisiones de los jueces y fiscales al momento de impartir justicia e investigar el delito.
Ana Ladera, coordinadora de proyectos de CHS Alternativo, señala que efectivamente las cifras revelan la magnitud de la problemática de la trata de personas pero, enfatiza que al Estado le hace falta reflexionar sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para la atención, prevención, persecución, sanción y sobre todo para la reintegracion de victimas de trata. La especialista menciona que los presupuestos no han cambiado en los últimos años 2020, 2021 y 2022, pues indica que si comparamos los presupuestos que se tenían en el 2015 con los años mencionados, el presupuesto es tres veces menor actualmente y esto nos lleva a reflexionar de que para poder hacer prevención y disminuir el número de casos de trata de personas se necesita incrementar los presupuestos de tal manera que llegue ayuda directamente a la victima y no se quede ne el proceso.
La experta también que en la Ley Nº 28950 menciona contra la trata de personas se encuentra un articulo donde hace énfasis de que el presidente del Consejo de Ministros de la República tiene que ir cada 23 de setiembre al Congreso conjuntamente con la ministra de la mujer y con el ministro del interior a rendirle cuentas al Estado sobre cómo esta abordando esta problematica, no obstante, según la especialista, ya van 5 años que no se tiene la presencia del premier y de su equipo frente al Congreso de la República, además remarca que la responsabilidad no es solo del ejecutivo sino también del legislativo porque este ultimo tiene que hacer presión para que el ejecutivo vaya y le rinda cuentas al Estado.
Frente a la magnitud de la trata con fines de explotación sexual que nos muestran los registros mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a los casos de la trata de personas con fines de explotación sexual para que estos no queden ocultos e impunes.
En el marco de la la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”(MIMP), se impulsa un trabajo multisectorial desde la familia, la escuela, las instituciones públicas, las empresas y los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental en la prevención de la violencia basada en género, buscando deconstruir estereotipos de género, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y brindando información de los servicios y canales de ayuda, con el apoyo de AECID y UE.
Más información sobre prevención de la violencia contra la mujer desde los medios de comunicación eb la web Observatorio de Medios.
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